El estado de Oaxaca ha sido uno de los epicentros más activos en las recientes manifestaciones de periodistas contra el asesinato de miembros de este importante gremio de nuestra sociedad.
Recordemos que las denuncias de asesinatos de periodistas han sido tema en las últimas semanas, por los atentados en que perdieron la vida el 10 de enero José Luis Gamboa, en Veracruz; el 17 de enero, Margarito Martínez en Tijuana; el 23 de enero, Lourdes Maldonado, en Tijuana; el 31 de enero, Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán y el 9 de febrero, Heber López en Oaxaca.
El discurso de odio promovido desde la presidencia en contra de los trabajadores de la comunicación ha alcanzado las peores cifras en lo que va del sexenio.
Si bien no es una causa directa, no puede tampoco desvincularse la constante agresión por parte del Ejecutiva en contra de los periodistas, a quienes se les tacha de mentirosos, corruptos, de hacer montajes, y cuyos ingresos quedan exhibidos, a pesar de no ser funcionarios públicos, sino particulares, como es el caso reciente de Carlos Loret de Mola.
Y por otro lado, se encuentra el incremento de la violencia desatada por el crimen organizado. Basta hacer un recorrido por las noticias recientes de Michoacán o Zacatecas, para comprobar que la política de acusarlos con sus abuelitas, pedirles que se porten bien, y abrazos, no balazos, no han sido suficientes para que el gobierno pueda lograr combatir la escandalosa ola de violencia que azota al país.
México se encuentra como Ulises, entre Escila y Caribdis, dos grandes monstruos que atenazan con hundirlo. Por un lado, la pandemia que sigue sumando muertos que ya no son noticia en los tabloides porque su cantidad se ha vuelto cotidiana, y por otro lado, las muertes ocasionadas por el crimen organizado.
Oaxaca no es un paraíso para líderes sociales y periodistas, es uno de los estados en que se cumplen las amenazas contra personajes incomodos políticamente, y no basta con que se anuncien foros refúgienlas o se cree un fideicomiso, sino se necesita verdadera protección, se necesitan un programa serio con medidas cautelares, pero en el fondo de ello que sean las autoridades del estado las que en verdad respeten el derecho a la libertad de expresión y a la exigencia de sus derechos. Es común que cuando hay exigencias incómodas contra las autoridades, que, en los chats informativos de funcionarios y periodistas, los voceros oficiales difundan amenazas hasta de muerte, disfrazadas de ataques de un grupo opositor a que se manifiesten…
Por nuestra parte, los antorchistas, no solo nos solidarizamos, sino que ofrecemos nuestra fuerza política, nuestra capacidad de movilización para sumarnos a la causa de los periodistas y de todos aquellos que son víctimas de la represión. Con una pequeña aclaración, también el periodismo debe cumplir con un necesario requisito, legitimar y ennoblecer el oficio del periodismo y reducirse a informar a la opinión pública del acontecer en nuestra sociedad.
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