Las dos primeras semanas de Claudia Sheinbaum como presidenta de México estuvieron marcadas por altísimos niveles de violencia delictiva en el país. En uno de estos eventos, un grupo criminal se atrevió a mandar directamente al Gobierno municipal, estatal, federal y a la población de Guerrero un mensaje de desafío e intimidación mediante el asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos.
Este tipo de hechos debe inducir a la sociedad mexicana a reflexionar sobre cómo podría hallarse una solución definitiva a este gravísimo mal, sea cual sea su origen.
La nueva administración federal tuvo un mal comienzo en materia de seguridad y no parece que la situación mejore en el corto plazo.
Hace unos días, Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dieron a conocer su estrategia de seguridad pública con cuatro ejes fundamentales: mayor coordinación con los sistemas de seguridad de las 32 entidades federativas y de la Fiscalía General de la República (FGR); consolidar a la Guardia Nacional; fortalecer sus áreas de inteligencia; y poner atención a las causas de fondo de la dinámica delictiva.
Este último objetivo es quizá el más difícil de cumplir, porque la misma mandataria insistió (y tiene razón) en que la clave para reducir el problema radica en mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos que hoy viven en la pobreza, ¡un reto cuya superación no está a la vuelta de la esquina y exigirá varios años o quizás décadas de trabajo, creación de empleos e inversiones en educación, porque el número de pobres en el país alcanza los 100 millones de personas!
El macabro asesinato en Guerrero es una muestra de la profunda crisis de violencia e inseguridad pública que vivimos desde que se inició el sexenio anterior y que no parece vaya a ceder en los próximos años.
El homicidio de Arcos fue precedido por el asesinato de seis migrantes a manos de un grupo de militares que los confundieron con delincuentes en Chiapas, mientras Sheinbaum recibía la banda presidencial, y por la continuación de la sangrienta guerra entre bandas delictivas en Sinaloa. La nueva administración federal tuvo un mal comienzo en materia de seguridad.
Los niveles de violencia e impunidad van al alza, no sólo en Guerrero y Sinaloa; la presencia de grupos delincuenciales se ha extendido a todo el país, infiltrándose en todos los niveles de Gobierno a tal grado que en varias entidades son “el poder tras el trono”.
En Chilpancingo se comenta que Arcos fue eliminado por ser el candidato triunfador del PRI-PRD-MC en las últimas elecciones; que uno de los múltiples grupos delictivos de Guerrero quiso castigar a los electores de la capital guerrerense que no votaron por Morena dando una muestra de lo que puede ocurrirles si vuelven a votar por la oposición y no por postulantes apoyados por ellos.
También se dice que a los grupos delincuenciales les disgustó el plan de seguridad de Arcos, denominado Blindaje Chilpancingo, que contemplaba la contratación de más policías, la compra de más patrullas y el fortalecimiento de las áreas de investigación de su cuerpo policial.
Aún no hay más detalles del asesinato; seguramente saldrán cuando a gobernantes o mafiosos les convenga, en tanto se define en manos de quién quedará el control político del municipio.
Con este horrendo crimen, el número de alcaldes y regidores asesinados es ya de 20, que se suman a los perpetrados durante el sexenio de AMLO y la primera semana de gobierno de Sheinbaum. La estrategia nacional de seguridad no augura buenos resultados en la prevención, investigación y castigo por este tipo de crímenes, cuya tasa de impunidad es del 90 %.
Si se espera una mayor coordinación entre el gabinete de seguridad y los gobernadores estatales, lo más probable es que el nuevo gobierno se tope con la negligencia o la resistencia de mandatarios coludidos con los delincuentes. Lo mismo puede decirse sobre la consolidación de la Guardia Nacional, que ahora se halla bajo mando militar y de la que poco o nada puede esperarse; y ni hablar del proyecto de prevenir y atacar las causas estructurales de la violencia, cuya superación integral o reducción significativa no sería posible en un sexenio.
Una estrategia de seguridad en el discurso o papel como la difundida en días pasados puede resultar novedosa o atractiva, pero la sola intención de efectuar la mayoría de sus tácticas pondrá a prueba al nuevo Gobierno.
Es previsible que los niveles de violencia delictiva sigan siendo “el pan de cada día”; además, Sheinbaum y García Harfuch olvidaron decir cómo evaluarán los resultados de sus operativos. Mientras tanto, en promedio, 81 personas diarias perderán la vida, una cada 15 minutos, como en el sexenio anterior.
Por el momento, querido lector, es todo.
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